Una sentencia desmiente la versión de aDeSe y no ve delito en la modificación de consolas
- La juez absuelve a todos los acusados menos a uno al que acusa de una falta
- El condenado por un delito contra la propiedad intelectual fue de conformidad
El caso contra dos tiendas de videojuegos de Zaragoza por modificar consolas, cuya sentencia anunció recientemente la patronal del sector aDeSe en una nota, terminó en realidad con cuato acusados absueltos, un condenado por una mera falta y otro que aceptó ser condenado antes del juicio. Ni la juez, ni la Fiscalía ni la Policía vieron delito en el uso de 'modchips'.
El Navegante ha tenido acceso a la sentencia a través del sito web El Otro Lado, y el documento desmiente una gran parte de las afirmaciones de aDeSe y de las que este medio se hizo eco.
Esta sentencia resuelve un caso que arrancó en 2007 tras una redada en varios locales y tiendas de videojuegos del centro comercial El Caracol de Zaragoza (concretamente, en las tiendas Quinta Dimensión Virtual, Videojuegos Star Games y Hobby Juegos), tras la cual resultaron detenidos dueños, empleados y dependientes de los establecimiento.
Casi cinco años más tarde se ha celebrado el juicio. La acusación pedía penas de dos años de prisión para los encargados y dependientes de estos establecimientos, e indemnizaciones a favor de aDeSe por importe de 10.115 euros. Según la sentencia, sólo uno de los acusados llega a un acuerdo y pacta una condena de un año de prisión, una multa de 1.080 euros y una indemnización a favor de aDeSe de 450 euros.
Los demás acusados son absueltos, menos uno, que es condenado por una falta (que "no es delito y por lo tanto no deja antecedentes penales", recuerda el abogado Rafael López Garbayo, que defendía a los acusados por la tienda Quinta Dimensión Virtual, ahora absueltos) por la que pagará una multa de 360 euros y deberá indemnizar a una cliente con 290 euros.
La juez afirma que no debe indemnizarse a aDeSe porque no se ha acreditado que la instalación del 'chip' produzca algún perjuicio a los distribuidores.
Investigación
El caso arrancó, precisamente, con la denuncia de dicha cliente, que compró una consola PSP de Sony anunciada como oferta con cinco juegos y que no funcionaba correctamente. Más tarde se comprobó que había sido manipulada para vulnerar los sistemas anticopia y que los juegos grabados en su memoria eran copias de los originales.
La Policía informó a aDeSe de esta denuncia, y la patronal interpuso a su vez la suya. Desde ese momento, dice la sentencia, "estuvo presente en los registros el representante de la Comisión antipiratería". De hecho, aDeSe participó activamente en el dispositivo ya que "fue la propia Policía la que les hizo participar en la investigación".
Un miembro de aDeSe acudió a una de esas tiendas con dos consolas PS2 para pedir que las 'chipearan'. También acudieron a preguntar a estos establecimientos si 'pirateaban' consolas el cuñado y el primo político del abogado de aDeSe, y ambos declararon en el juicio como testigos de la acusación.
Precisamente a raíz de dichos testigos, "jóvenes parientes" de uno de los letrados de aDeSe, la Fiscalía consideró en su momento "inconsistentes y carentes de fundamento las pruebas" de la patronal de los videojuegos, informó la prensa local a principios de este mes.
De hecho, el abogado Rafael López Garbayo afirma que que "la Fiscalía no llegó a formular acusación por considerar que no es delictivo el uso o instalación de 'modchip'".
La Policía no ve infracción
La sentencia recoge que "a juicio de los peritos -que, en este caso, se trata de la Brigada Provincial de la Policía Científica de Zaragoza- se considera que el uso o instalación de estos 'modchips' no constituye infracción legal como recientemente ha señalado diversa jurisprudencia, dado que temería un valor polivalente".
Es decir, tal y como se concluye en otros casos anteriores la venta y la tenencia de estos 'chips' para las consolas o de sus programas no constituyen delito alguno, entre otras razones porque los 'chips' tienen más funciones que son lícitas, como la instalación de otras aplicaciones legales.
En la misma sentencia, de hecho, se recuerda que el material incautado no era ilegal y se considera que los acusados "actuaban en la creencia de que la colocación de los 'chips' estaba permitida"
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